Para evocar el día de la despenalización del aborto, el Instituto contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI) en conjunto con organizaciones de mujeres de diferentes puntos del país realizaron una jornada en el Colegio de Abogado para intercambiar experiencias de luchas referidas al asunto en cuestión. 

Una de las invitadas fue Mónica Rodríguez, militante  del Foro Pampeano por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito.  “En  el 2007, hubo un avance en la materia cuando se consiguió que se apruebe la ley 2394 que contemplaba que los hospitales practiquen los abortos no  punibles. Sin embargo en el 2008 el Gobernador de dicha provincia veto la ley, acción que dio pie para constituir el foro no al veto,  por no coincidir con el veto y los fundamentos que lo sostienen”, contaba Mónica. Actualmente se encuentran  trabajando con dos abogados  sobre el asunto, los cuales declararon como  una acción de inconstitucionalidad  los fundamentos del veto, la presentación fue aceptada,  pero si la  resolución es adversa en  el Tribunal de Justicia de la  provincia  el próximo  paso será la apelación a la  Corte Suprema de Justicia

“Se resuelve sin  judicializar los abortos no punibles, siendo que están contemplados en el articulo 86 inciso b  del Código Penal”, comentaba otra de las féminas. Por eso las mujeres en lucha requieren el cumplimiento efectivo del Art.86 del Código Penal de la Nación , en el cual se contempla que la práctica del aborto NO ES PUNIBLE en los siguientes casos: a) cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer y b) cuando el embarazo sea producto de una violación sobre mujer idiota o demente.

 “Se tiñe con cuestiones religiosas y morales a un estado que por ley es laico. Hay una violación fragante a los derechos de las mujeres, acentuada en  una discriminación que atraviesa a ciertos sectores sociales”, resaltaba Miriam Nallar, una abogada de Santiago del Estero.

Asimismo, esta abogada santiagueña compartió un caso de aborto no punible, llevado a cabo en su provincia, que lleva por nombre el caso PB. Caso de una  joven discapacitada de 22 años, la cual llego al Hospital por violación y el médico forense le diagnostico invecibilidad. Sus  hermanas solicitaron un aborto no punible,  a lo que el Director de la institución exigió una serie de trámites burocráticos, como el certificado de discapacidad, comprobación efectiva que la joven había sufrido una violación sexual, trámites que requieren un tiempo de 8 meses, pero la Justicia actuó justamente y se consiguió la petición anhelada: el aborto.

Este grupo de mujeres considera que la defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón a su contenido democrático y de justicia social, que asegura el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos. Están  convencidas que el derecho al aborto legal y seguro es imprescindible para alcanzar la igualdad política de las mujeres con los varones y la igualdad social de las mujeres entre sí, por eso exigen: Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir

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