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Esta semana inicia la temporada de huracanes y los expertos todavía están tratando de contabilizar el número de muertes ocasionadas por el devastador huracán María, que impactó a Puerto Rico el año pasado. El cálculo más reciente es de cerca de 4600 personas, muchas de las cuales murieron a causa del retraso en la atención médica.

Los residentes de Puerto Rico fallecieron a una tasa considerablemente más elevada durante los tres meses que siguieron al huracán que un año antes, según los resultados de un nuevo estudio a cargo de un grupo de investigadores independientes de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de la Universidad de Harvard y otras instituciones.

Los investigadores afirman que su cálculo, que se publicó el 29 de mayo en el New England Journal of Medicine, sigue siendo inexacto y aún falta hacer estudios más definitivos. Sin embargo, los hallazgos, para los que se utilizaron métodos que no se habían aplicado previamente a este desastre, son importantes debido a la preocupación generalizada de que el saldo de muertos oficial del gobierno, de 64 personas, se quedó muy corto.

Los vientos, las inundaciones y los deslaves arrasaron con los hogares y dejaron sin energía eléctrica, agua y telefonía celular a gran parte de la isla, servicios que en su mayoría tardaron meses en repararse.

Los investigadores de este estudio más reciente visitaron más de tres mil hogares en toda la isla y entrevistaron a sus residentes, quienes informaron que habían muerto 38 personas que vivían en sus hogares entre el 20 de septiembre —cuando el huracán María golpeó la isla— y finales de 2017. Esa cuota, convertida en una tasa de mortalidad, se extrapoló a la población en general y se comparó con las estadísticas oficiales del mismo periodo en 2016.

Debido a que la cantidad de hogares encuestados fue relativamente pequeña en comparación con el tamaño de la población, la verdadera cantidad de muertes más allá de lo esperado podría estar dentro de un rango que va de alrededor de ochocientas a más de ocho mil personas, según demuestran los cálculos de los investigadores, quienes creen que el recuento excedió cálculos previos en parte debido a que analizaron un periodo más largo.

Alrededor del 15 por ciento de las personas entrevistadas informaron que alguien en su hogar no pudo tener acceso a los medicamentos al menos un día después de la tormenta. Casi un diez por ciento mencionó que un miembro de su hogar tuvo problemas para usar equipos para respirar, que con frecuencia dependen de la electricidad. Menos del diez por ciento informó que las instalaciones médicas estaban cerradas y un seis por ciento dijo que los médicos no estaban disponibles. El estudio calcula que alrededor de una tercera parte de las muertes fueron consecuencia de un retraso en la atención médica o de la incapacidad de obtenerla.

Bajo presión, el gobierno anunció en diciembre que examinarían todas las muertes que ocurrieron después de que el María golpeó la isla y que, a la gente que murió —ya sea directa o indirectamente a causa de la tormenta y sus secuelas— se la incluiría en un recuento revisado. El gobierno comisionó a los investigadores del Instituto de Salud Pública Milken de la Universidad George Washington para que hicieran un recuento, quienes prometieron presentar un informe inicial en mayo; no obstante, ese análisis apenas acaba de comenzar. Todavía están recabando datos”, comentó Lynn R. Goldman, decana de la escuela. El estudio usará los registros de natalidad del territorio y la información de las funerarias, el sistema médico y el público en general.

Goldman ahora afirma que espera entregar la revisión inicial, que costará 305.000 dólares, para este verano, con un análisis más definitivo que incluya entrevistas con los sobrevivientes y la solicitud de financiamiento adicional después de nueve meses. Ella y sus colegas, explicó, se retrasaron debido a que no anticiparon la necesidad de que la universidad sorteara distintas leyes fiscales durante la elaboración de un contrato con el gobierno de Puerto Rico.

El estudio que acaba de darse a conocer, en cambio, tuvo un costo de 50.000 dólares y no contó con la participación del gobierno local, que, según los investigadores, se negó a darles datos.

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Los resultados se obtuvieron rápidamente y a un costo modesto dado que se centraron en una muestra aleatoria de la población y recurrieron a la tecnología de mapeo móvil, además de un ejército de estudiantes de posgrado para llevar a cabo las entrevistas.

Los investigadores descubrieron que muchas personas habían sido desplazadas de sus hogares y pasaron meses sin servicios básicos, en especial en las áreas remotas. Debido a la continua amenaza de deslaves en las zonas montañosas usaron vehículos todoterreno para desplazarse. En una parte de Culebra, una pequeña isla cercana a la isla principal de Puerto Rico, planeaban entrevistar 35 hogares. Solo quedaba una persona.

Había un baño y la mitad de una habitación”, comentó Domingo J. Marqués, profesor asociado de Psicología en la Universidad Albizu de San Juan, quien ayudó a llevar a cabo el estudio con sus estudiantes y quien se quedó sin energía eléctrica y agua corriente durante meses después del huracán. El resto de las casas había desaparecido”.

Estas condiciones, comentó, dejaron claro por qué el recuento de muertes del gobierno estaba incompleto. Incluso si en realidad estaban haciendo un buen trabajo, era muy difícil, salvo que hicieran algo como lo que hicimos nosotros: ir a hablar con la gente”, manifestó. La gente, agregó: Murió sola en sus hogares. Nadie fue ahí. Algunos quedaron cubiertos por un derrumbe y meses después no se han recuperado sus cuerpos”.

La cantidad anormalmente elevada de fallecimientos continuó hasta por lo menos finales de diciembre.

La situación no ha terminado”, dijo Marqués. Todavía hay gente sin energía eléctrica, sin agua corriente y ya llegó nuevamente la temporada de huracanes”.

Y agregó: Esperamos que nuestros datos ayuden al gobierno a desarrollar algunos planes de continuidad más específicos para que puedan estar preparados para planear de forma más adecuada los programas de salud general y salud mental”.